¿CUÁLES SON LAS PENAS PREVISTAS POR NORMATIVA EN BOLIVIA?

PRESTACIÓN DE TRABAJO: ALTERNATIVA NO PRIVATIVA DE LIBERTAD

Esta pena obliga al condenado a realizar trabajos en beneficio de la comunidad. No puede afectar su dignidad ni interferir con su jornada laboral habitual. Se cumple en horarios definidos por el juez, en instituciones públicas o asociaciones de interés general. La duración máxima es de 48 semanas, con un límite semanal de entre tres y dieciséis horas.

La prestación de trabajo solo se aplica si el condenado consiente expresamente. En caso contrario, se convierte en pena privativa de libertad, considerando que un día de cárcel equivale a dos horas semanales de trabajo.

Ejemplo práctico: Una persona condenada por daños materiales menores acepta realizar tareas de limpieza en un hospital público durante 12 horas semanales por 24 semanas, en lugar de cumplir una condena de cárcel.

DÍAS-MULTA: SANCIÓN ECONÓMICA PROPORCIONAL

Consiste en el pago de una cantidad de dinero determinada en función de los ingresos, capacidad de trabajo y carga familiar del condenado. El monto se calcula en “días multa”, que van desde un mínimo de un día hasta un máximo de quinientos. Cada día multa se traduce en una suma de dinero proporcional al ingreso diario del infractor.

El monto total no puede superar los veinticinco salarios mínimos mensuales nacionales. Si el condenado no aporta información suficiente para el cálculo, el juez puede estimarlo de forma aproximada.

Ejemplo práctico: Si una persona con un ingreso diario de Bs 100 es condenada a 50 días multa, deberá pagar Bs 5.000, salvo que se le autorice pagar en cuotas o realizar trabajo comunitario como forma de amortización.

CONVERSIÓN DE PENAS

En caso de no pago de la multa, se pueden aplicar formas de conversión. El juez puede autorizar que la pena económica se cumpla mediante trabajo comunitario o pagos en cuotas, dependiendo de la situación financiera del condenado. La equivalencia establecida es de un día de reclusión por tres días multa, y un día de trabajo (cuatro horas) por un día multa.

Esta flexibilidad permite adaptar la sanción al contexto social y económico del infractor, promoviendo la justicia restaurativa y la proporcionalidad de las penas.

INHABILITACIÓN PENA ACCESORIA CON EFECTO RESTRICTIVO

Además de las penas principales, se contempla la inhabilitación como sanción accesoria. Esta medida impide al condenado ejercer funciones públicas o actividades específicas si se abusó de ellas para cometer el delito. Es especialmente relevante en casos de corrupción.

Se aplica después del cumplimiento de la pena principal y puede durar de seis meses a diez años, según la naturaleza del delito. La duración depende del grado de culpabilidad y del tipo de infracción. La inhabilitación se inscribe en los registros correspondientes y su incumplimiento puede conllevar una nueva pena de prisión.

Ejemplo práctico: Un funcionario condenado por malversación de fondos públicos, luego de cumplir tres años de reclusión, es inhabilitado por siete años para ejercer cualquier cargo relacionado con la administración pública.

En síntesis, el régimen de penas en Bolivia contempla diversas alternativas que permiten al juez adecuar la sanción a la gravedad del delito y a las condiciones personales del condenado. Este sistema busca no solo castigar, sino también prevenir la reincidencia y facilitar la reintegración social de quienes cumplen su condena. El uso de penas alternativas como la prestación de trabajo o los días multa refleja una tendencia hacia un enfoque más humanista del derecho penal, donde se considera a la persona por encima del castigo.