1. A ser informados por las autoridades competentes del Estado de todas las condiciones aplicables a su admisión y particularmente de las relativas a su residencia.
2. A elegir libremente su actividad remunerada o buscar otro empleo en el caso que haya cesado su actividad.
3. A participar en igualdad de oportunidades en asociaciones laborales y sindicatos, excepto en situaciones que pudieran afectar la seguridad del Estado o el orden público.
4. A no ser sometidos a servidumbre, esclavitud, explotación ni trabajos forzados.
5. A que las autoridades consulares o diplomáticas de su país de origen, sean informadas en caso de su aprehensión o detención.
6. En caso de salida obligatoria del país, la trabajadora o el trabajador migrante deberá recibir el pago de los salarios devengados, beneficios sociales y otras prestaciones que se le adeuden.
7. A transferir sus ingresos y ahorros, en particular los fondos necesarios para el sustento de sus familiares, sea a su país de origen o a cualquier otro, de conformidad a Acuerdos Internacionales y a la normativa nacional vigente.
8. Las personas migrantes extranjeras en condición de estudiantes podrán ejercer actividades remuneradas a tiempo parcial o duración determinada, en la medida en que ello no limite la prosecución de los estudios.
9. Los demás derechos reconocidos en convenios, tratados, acuerdos bilaterales, regionales o internacionales en materia laboral y de seguridad social, ratificados por el Estado Plurinacional de Bolivia.
10. A que se prevenga la discriminación de género, la vulnerabilidad de la informalidad, la temporalidad, la brecha salarial con las trabajadoras nacionales, el acoso sexual y acoso laboral por razón de sexo, promoviendo además acceso a redes de información y apoyo social.
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