Finalidad del decomiso penal
El decomiso es una consecuencia jurídica del delito. Su objetivo principal es eliminar las ganancias ilícitas obtenidas a través de actos criminales, impidiendo que el autor del delito o sus cómplices se beneficien de ellas. Además, busca evitar que los instrumentos del delito vuelvan a utilizarse, fortaleciendo la justicia penal y la transparencia económica.
Decomiso de instrumentos del delito
La ley dispone que los objetos o herramientas con los cuales se ejecutó un delito, así como los efectos que provengan de él, deben ser decomisados. Sin embargo, si estos bienes pertenecen a un tercero no responsable, este podrá recuperarlos demostrando su legítima propiedad y buena fe.
En los casos en que los bienes decomisados sean de lícito comercio, podrán ser vendidos en subasta pública para cubrir la responsabilidad civil del condenado. Si no lo fueran, se procederá a su destrucción o inutilización.
Decomiso de ganancias ilícitas y bienes
En los casos de delitos vinculados a la legitimación de ganancias ilícitas, la ley permite un decomiso más amplio que abarca no solo los bienes directamente obtenidos del delito, sino también aquellos adquiridos de manera indirecta con dichos recursos.
Esto incluye bienes transferidos a terceros, donaciones o adquisiciones aparentes, salvo que los beneficiarios prueben que actuaron de buena fe y sin conocimiento del origen ilícito. Si los bienes se mezclan con activos legítimos, el decomiso se limitará al valor estimado de la parte ilícita.
El proceso debe realizarse con la intervención de un notario de fe pública, encargado de inventariar los bienes y garantizar su identificación y localización. Cuando no sea posible recuperar los bienes físicos, el juez podrá ordenar el decomiso de su valor equivalente.
Destino de los bienes decomisados
Los bienes y recursos decomisados pasan a propiedad del Estado, manteniendo los derechos reales válidamente constituidos en favor de terceros hasta el monto reconocido. El Estado es responsable de su administración y del uso social de los recursos, conforme a reglamentación específica.
En síntesis, el decomiso penal cumple una doble función: sancionar los actos ilícitos y prevenir el enriquecimiento injustificado. Esta figura reafirma el compromiso del Estado boliviano con la transparencia y la lucha contra el delito económico. Al garantizar la intervención judicial y el respeto al debido proceso, se protege tanto el interés público como los derechos de los ciudadanos.
Nuestro estudio jurídico ofrece asesoría especializada en Derecho Penal Económico y Procedimiento Penal, incluyendo procesos de decomiso y recuperación de activos. Contáctenos para una consulta confidencial.
¿Qué es el decomiso penal?
Es una medida legal que permite al Estado confiscar los bienes o recursos obtenidos a través de un delito.
¿Qué bienes pueden ser decomisados?
Todos los instrumentos, efectos o ganancias derivados de la comisión de un delito, salvo los que pertenezcan a terceros no responsables.
¿Qué pasa si los bienes se mezclan con otros lícitos?
El decomiso se aplicará solo hasta el valor estimado de la parte ilícita determinada por el juez.
¿El decomiso afecta a terceros de buena fe?
No. Los terceros pueden recuperar sus bienes si demuestran haberlos adquirido legítimamente y sin conocimiento del origen ilícito.
¿Qué ocurre con los bienes decomisados?
Pasan a propiedad del Estado, que los administra conforme a ley y puede destinarlos a fines sociales o de reparación civil.
- Código Penal del Estado Plurinacional de Bolivia
- Constitución Política del Estado
El contenido de este artículo no refleja la opinión técnica de Rigoberto Paredes y Asociados y no debe considerarse como asesoramiento legal sustituto. La información aquí presentada corresponde a la fecha de publicación y puede estar desactualizada al momento de su lectura. Rigoberto Paredes y Asociados no asume responsabilidad por mantener actualizada la información de este artículo, ya que la normativa legal puede cambiar con el tiempo.
