EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL EN BOLIVIA

Por ejemplo, si una persona es atacada con un arma blanca en la vía pública y reacciona con un objeto contundente para neutralizar al agresor, puede considerarse que actuó en legítima defensa si se cumplen los requisitos legales. No obstante, si la reacción excede lo necesario, como usar fuerza letal contra una amenaza menor, podría considerarse un exceso punible. En esos casos, la ley establece que el responsable podrá ser sancionado por un delito culposo, a menos que el exceso haya sido causado por una alteración emocional comprensible dadas las circunstancias.

EJERCICIO LEGÍTIMO DE UN DERECHO O DEBER

También se excluye la responsabilidad penal cuando una persona actúa en cumplimiento de la ley, del deber, o en el ejercicio legítimo de un derecho, cargo u oficio. Por ejemplo, si un funcionario policial utiliza la fuerza de manera proporcionada para impedir un delito, no incurre en responsabilidad penal, pues su acción está amparada legalmente. Esta eximente garantiza que quienes cumplen funciones públicas o ejercen derechos legales no sean penalizados injustamente por sus actos.

ESTADO DE NECESIDAD: PROTEGER UN BIEN MAYOR

Otro supuesto relevante es el estado de necesidad. Este ocurre cuando una persona infringe la ley para evitar un daño mayor que no puede evitarse de otra manera. Para que esta situación excluya la responsabilidad penal, deben cumplirse varios requisitos. Primero, el bien protegido debe tener un valor igual o superior al bien afectado. Segundo, el peligro debe ser inminente y no provocado voluntariamente por quien actúa. Finalmente, la persona no debe tener, por su profesión o cargo, la obligación de enfrentar dicho peligro.

Por ejemplo, si alguien daña un vehículo estacionado para sacar a una persona atrapada dentro durante un incendio, su acción podría estar justificada por el estado de necesidad, ya que el daño causado (afectación a un bien mueble) es menor que el daño evitado (pérdida de una vida humana).

En síntesis, el sistema penal reconoce que no toda acción tipificada como delito merece una sanción cuando se actúa bajo determinadas circunstancias justificables.  La legítima defensa, el ejercicio legítimo de un derecho y el estado de necesidad son figuras jurídicas que garantizan una valoración justa del comportamiento humano en situaciones límite.