¿Qué es la reincorporación laboral? - Rigoberto Paredes & Asociados
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¿Qué es la reincorporación laboral?

Por reincorporación laboral entendemos a la obligación que surge a través de un proceso especial, en contra del empleador para que pueda reubicar nuevamente al trabajador en su fuente de trabajo, con la finalidad de garantizar su continuidad laboral. En este sentido, el trabajador podrá iniciar el proceso de reincorporación laboral, ante instancias del Ministerio de Trabajo, solicitando su intervención y logrando así recuperar las condiciones laborales perdidas a causa de uno de los siguientes elementos:

Ahora bien, en términos técnicos la reincorporación laboral es un instrumento o garantía procesal de naturaleza laboral y administrativa, directamente relacionado al Artículo 46 Parágrafo I Numeral 2 de la Constitución Política del Estado, mismo que enmarca el derecho al trabajo y a la estabilidad laboral. De esta manera, en caso de que un trabajador sea despedido de manera intempestiva o sin justificación legal alguna, podrá optar por activar este proceso exclusivo, denunciando el hecho ante las Jefaturas Departamentales de Trabajo, debiendo las mismas (si corresponde) emitir la conminatoria de restitución a su fuente laboral.

Es importante señalar, que el hecho de que exista esta institución que trata de garantizar la estabilidad laboral de un trabajador, no significa que un empleador no tenga la posibilidad de despedir a un trabajador. En este sentido, cabe resaltar que el empleador, tendrá la posibilidad de realizar el despido de un trabajador conforme a la normativa establecida en materia laboral, debiendo basarse fundamentalmente en lo establecido por los artículos 16 de la Ley General del Trabajo y 9 de su Reglamento, a continuación, mencionaremos algunas de las causales establecidas:

reincorporación laboral
En referencia a estas causales, es importante enfatizar que no es posible alegar otras causales análogas o parecidas, ya que en materia laboral no podría existir una interpretación en base a una analogía, por lo que más bien, las normas deberán estar interpretadas a favor del trabajador, bajo la aplicación del principio “indubio pro operario”. En relación a este aspecto, el Tribunal Supremo de Justicia a través del Auto Supremo Nº 026, de fecha 11 de febrero de 2015, estableció que para realizar un despido legal debe existir un margen de razonabilidad objetiva y previa probanza. Dicho de otra manera, será necesaria la existencia de una clara relación de nexo causal, entre la conducta tipificada como despido y que la misma haya sido cometida por el propio trabajador. Por otro lado, se establece que esta conducta previamente tipificada, debería llegar a generar una afectación grave a los medios de producción o a la estructura organizativa de la empresa.

Ahora bien, para probar este nexo causal y perjuicio, será necesario la existencia de un previo debido proceso interno. Dicho proceso tendría como una de las finalidades principales, que el trabajador, pueda ejercer su derecho a la defensa, encontrándose el mismo amparado por el Artículo 7 del Convenio de la OIT. Mismo que señala que “no deberá darse por terminada la relación de trabajo, antes de que se le haya ofrecido al trabajador la posibilidad de defenderse de los cargos formulados contra él, a menos que no pueda pedirse razonablemente al empleador que le conceda esta posibilidad”. Es así que a través del desarrollo de un previo proceso interno, el trabajador tendría la posibilidad de desvirtuar los cargos alegados en su contra, tratando de que a través de la defensa que realice se pueda garantizar su permanencia laboral.

En relación al proceso de reincorporación laboral como tal, existen bastantes precedentes constitucionales, que tratan de delimitar el procedimiento, alcance y cumplimiento del mismo. En este sentido, haremos referencia a la Sentencia Constitucional 0591/2012 de fecha 20 de julio de 2012. Dicha Sentencia llegaría a establecer que la posibilidad de impugnar la conminatoria de reincorporación, podría darse a través de la vía administrativa, sin embargo la prosecución de este proceso paralelo no llegaría a afectar la obligación del empleador en cuanto a su cumplimiento.

Por otro lado, en caso de existir un incumplimiento por parte del empleador, la Sentencia Constitucional 1712/2013 de 10 de octubre de 2013, señala que desde el momento en que se obtuvo la prueba de que el empleador se rehusó a cumplir la conminatoria de reincorporación, correría el plazo de 6 meses para que el trabajador pueda interponer una acción de Amparo Constitucional, con la finalidad de garantizar por esta vía su derecho al trabajo y estabilidad laboral. Sin embargo, la Sentencia Constitucional 0932/2016-S3 señala que en caso de haber transcurrido más de 6 meses, se llegaría a entender que el trabajador desvinculado no tendría una urgencia, por lo que se daría por entendido que encontró la forma de cubrir sus necesidades por otros medios. En relación a la posibilidad de plantear un Amparo Constitucional, cabe resaltar que la Sentencia Constitucional 1046/2019-S4 señalaria explícitamente que en caso de que se acuda a esta vía constitucional, dicha jurisdicción no llegaría a analizar la legalidad o fundamentación de la conminatoria en el fondo, por lo que solo se limitaría a garantizar el cumplimiento de la conminatoria.

Beneficios sociales en relación a la conminatoria de reincorporación laboral.

Este tema es bastante importante en cuanto a la reincorporación, ya que existen bastantes dudas o malas interpretaciones al respecto. En este sentido, se debe enfatizar que la Sentencia Constitucional Plurinacional 0037/2014-S2 señala que en caso de que el empleador realice el depósito de los beneficios sociales del o los trabajadores accionantes ante la Jefatura Departamental del Trabajo, se debe tomar en cuenta que estos finiquitos no llegarían a estar suscritos por los interesados (trabajadores). Por lo que dichos finiquitos no llegarían a surtir efectos legales y por ende el simple pago realizado no podría conllevar a presumir la aceptación tácita de la desvinculación laboral por parte del trabajador.
Por otro lado, en cuanto al pago de salarios devengados en la conminatoria de reincorporación, la Sentencia Constitucional 0951/2017-S2, señala que si bien la justicia constitucional no se encuentra habilitada para establecer la dimensión ni la cuantía de los pagos que podrían corresponder al trabajador, debiendo estos ser determinados en la vía administrativa o judicial, dicho Tribunal tendrá la posibilidad de conceder la tutela de estabilidad laboral, de manera provisional, teniendo la facultad de ordenar al empleador el cumplimiento inmediato de lo señalado en dicha conminatoria. Sin embargo, es necesario señalar, que dicha exigencia no solo quedaría limitada a ordenar la reincorporación laboral del trabajador, sino tendría como finalidad obligar el cumplimiento en su totalidad, pudiendo la misma señalar también el pago de sueldos devengados. Esta Sentencia Constitucional para alegar el cumplimiento en general tendría como línea referencial el Parágrafo IV del Artículo 10 del Decreto Supremo N° 28699, mismo que señala: “La conminatoria es obligatoria en su cumplimiento a partir de su notificación”. Es así, que como señalamos anteriormente, dicha concesión de tutela sería meramente provisional, teniendo el empleador la facultad de apelar por la vía administrativa y/o judicial, existiendo la posibilidad de ser modificada esta reincorporación laboral en su totalidad.

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