En Bolivia, la veracidad de los documentos que respaldan actos jurídicos es esencial para garantizar la seguridad y legalidad de las relaciones civiles y comerciales. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando se descubre que uno de estos documentos es falso, incluso después de celebrarse un contrato aparentemente válido? El Auto Supremo 77/2019, emitido el 6 de febrero de 2019, ofrece una respuesta clara y contundente: la falsedad documental no prescribe frente a sus efectos jurídicos, y puede invalidar incluso actos posteriores realizados de buena fe.
EFECTOS DE UN DOCUMENTO FALSO EN LAS RELACIONES CONTRACTUALES
El máximo tribunal de justicia boliviano ha establecido que un documento falso —como un poder notarial simulado o inexistente— no puede generar efectos jurídicos válidos. Aun cuando un tercero celebre un contrato confiando en la autenticidad del documento y actuando de buena fe, el acto posterior también queda viciado. En otras palabras, el vicio de origen se transmite al contrato que se deriva del mismo.
Este criterio se fundamenta en la protección de los derechos de la verdadera titular del bien o derecho afectado, y en la preservación de la seguridad jurídica como principio rector del sistema normativo boliviano.
CASO: FALSIFICACIÓN DE PODER Y COMPRAVENTA SIN CONSENTIMIENTO
El Auto Supremo 77/2019 revisó un caso en el que se demostró la falsificación de un poder notarial, supuestamente otorgado por la propietaria de un inmueble a su hijo, quien luego realizó una transferencia del bien sin autorización legítima. Pese a que el comprador alegó haber actuado de buena fe —presentando planos, certificados catastrales y comprobantes de pago—, la justicia boliviana determinó que la transacción era nula.
La razón: no se puede perfeccionar un contrato si su base es una representación inexistente. La buena fe del comprador no convalida el uso de un documento fraguado. El tribunal enfatizó que, incluso si la víctima de la falsificación es familiar del falsificador, ello no exime la conducta delictiva ni sus consecuencias jurídicas.
BUENA FE Y SUS LÍMITES EN EL DERECHO CIVIL BOLIVIANO
La doctrina civil boliviana, en línea con principios generales del derecho, reconoce la buena fe como elemento esencial en la contratación. No obstante, cuando un acto nace de una falsedad, la buena fe pierde su eficacia. Según el tribunal, el adquirente de buena fe tiene derecho a reclamar las prestaciones que realizó o a iniciar acciones penales contra quien usurpó una representación, pero el contrato celebrado carece de validez.
APLICACIÓN DE NORMAS DEL CÓDIGO CIVIL EN CASOS DE FALSIFICACIÓN
El caso citado se encuadra dentro del marco del Código Civil boliviano, específicamente en las disposiciones que regulan la nulidad por simulación y falta de consentimiento. Un contrato celebrado con base en un poder falso incurre en una causal de anulabilidad, y su nulidad puede ser declarada en cualquier momento, pues el orden público está comprometido.
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PREGUNTAS FRECUENTES (FAQS)
- ¿Puede ser declarado nulo un contrato por un poder falso, incluso si fue firmado hace más de 20 años?
Sí. La nulidad por falsedad documental no prescribe mientras subsistan sus efectos jurídicos. - ¿Qué derechos tiene el comprador de buena fe en estos casos?
Puede solicitar la devolución de lo pagado o iniciar acciones legales contra el falsificador, pero el contrato será inválido. - ¿La buena fe salva el contrato si el documento falso no fue advertido?
No. La buena fe no convalida un acto basado en representación inexistente. - ¿Puede iniciarse un proceso penal por usar un documento falso en un contrato civil?
Sí. La falsificación documental también tiene consecuencias penales en Bolivia. - ¿Qué prueba se necesita para declarar la falsedad de un documento?
Es indispensable una pericia técnica o prueba documental que demuestre la inexistencia o falsificación del acto.
Bibliografía
- Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia. (2019). Auto Supremo N° 77/2019 de 6 de febrero de 2019. Sucre, Bolivia.
- Código Civil del Estado Plurinacional de Bolivia.
- Constitución Política del Estado. (2009). Estado Plurinacional de Bolivia.
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