Prescripción tributaria y alivio fiscal en Bolivia

Evolución del plazo de prescripción

Originalmente, el plazo general era de cuatro años. Posteriormente, se amplió hasta ocho años e incluso se generaron escenarios que podían extenderlo a diez, lo que incrementó significativamente la ventana de exposición fiscal de los contribuyentes.

Este cambio provocó controversias, especialmente cuando la Administración intentó aplicar los nuevos plazos a gestiones pasadas.

Jurisprudencia constitucional sobre prescripción

El Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante la Sentencia Constitucional Plurinacional 1169/2016-S3 y posteriormente la SCP 0255/2019-S2, estableció criterios fundamentales:

• Diferenció entre la facultad de determinación (potestad de iniciar fiscalización), que sí está sujeta a prescripción.
• y la deuda determinada firme puede tener un tratamiento distinto cuando ya existe un monto consolidado.

Además, aplicó el principio de irretroactividad de la norma más gravosa, señalando que el plazo aplicable es el vigente al momento en que comenzó a correr la prescripción, reforzando así la seguridad jurídica.

Este criterio se encuentra en armonía con el principio de legalidad y debido proceso reconocidos constitucionalmente, así como con estándares internacionales sobre certeza tributaria.

Impacto económico del plazo de 8 años

Un plazo de ocho años genera efectos relevantes:

• Incremento exponencial de intereses y multas.
• Acumulación de pasivos contingentes.
• Desincentivo a la formalización empresarial.

Mientras países vecinos manejan plazos de tres a cinco años, una ventana de exposición más amplia incrementa la percepción de riesgo fiscal. Para inversionistas nacionales y extranjeros, esto influye directamente en la competitividad del país.

Además, en un contexto de facturación electrónica masiva y cruce de datos en tiempo real, mantener plazos extensos puede resultar contradictorio con la modernización tecnológica de la Administración Tributaria.

Proyecto de Ley de Alivio Tributario y Transparencia

El proyecto propone medidas extraordinarias que podrían modificar de manera significativa el panorama fiscal.

Alcance de la condonación tributaria hasta 2017

Se establece la condonación de:

• Tributos omitidos.
• Mantenimiento de valor.
• Intereses.
• Multas por delitos y contravenciones tributarias y aduaneras.

La condonación alcanzaría incluso deudas con resolución administrativa o judicial ejecutoriada, siempre que no se haya producido la adjudicación o remate de bienes.

Sin embargo, no aplicaría a contribuyentes cuyo tributo omitido acumulado al 31 de diciembre de 2017 sea igual o mayor a Bs 10.000.000. Este límite genera interrogantes técnicos relevantes, como si el monto se computa por periodo fiscal o de manera acumulativa total.

Regularización de deudas 2018 en adelante

Dentro de los 120 días calendario de vigencia de la norma, los contribuyentes podrán:

• Pagar al contado el tributo omitido actualizado.
• Acceder a facilidades de pago hasta 24 cuotas mensuales.

En ambos casos se condonarían intereses y multas por delitos de defraudación, omisión de pago e incumplimiento de deberes formales derivados del tributo regularizado.

Podrán acogerse quienes:

• Tengan procesos de determinación en curso.
• Posean declaraciones juradas pendientes.
• No hayan presentado declaraciones.
• Hayan presentado declaraciones incorrectas.
• Tengan facilidades de pago incumplidas.
• Estén en fiscalización sin Vista de Cargo notificada.
• Se encuentren en ejecución tributaria antes de la adjudicación de bienes.

En procesos de impugnación administrativa o judicial, la regularización y acreditación del pago dará por concluido el proceso.

El incumplimiento posterior en facilidades de pago implicará la pérdida de los beneficios.

Seguridad jurídica como incentivo a la formalización

La seguridad jurídica es un incentivo directo a la formalización. En una economía con alta informalidad, un sistema que permita revisar ocho años hacia atrás con multas acumulativas puede desincentivar la inscripción y cumplimiento tributario.

Reducir el plazo a cuatro años obligaría a la Administración a fortalecer la inteligencia fiscal, el análisis de datos y la eficiencia en la fiscalización temprana, desplazando el modelo recaudatorio basado en sanciones hacia uno basado en ampliación de la base tributaria.

En síntesis, la reducción del plazo de prescripción y la implementación de un régimen de alivio tributario no constituyen únicamente un ajuste técnico, sino una redefinición del equilibrio entre potestad fiscal y seguridad jurídica. De concretarse, podría representar un mecanismo de saneamiento económico para empresas formales, disminuir litigiosidad y enviar una señal clara de modernización institucional.