DEVOLUCIÓN DE VEHÍCULOS EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO

Ahora bien, con relación al primer supuesto, se infiere que ante la comisión de un delito, los primeros agentes en llegar al lugar de los hechos son el cuerpo policial, en ese sentido, según el Código de Procedimiento Penal, una de las diligencias preliminares que debe aplicar la policía, es proceder al secuestro de todo elemento material que pueda servir en el proceso de investigación, en relación a la disposición legal referida el Código de Tránsito faculta a la policía boliviana a disponer el secuestro directo, es decir sin previa orden fiscal en los siguientes casos:

1. Cuando el vehículo es utilizado con fines delictivos.
2. Cuando los vehículos, repuestos o accesorios, constituyen instrumento, cuerpo u objeto del delito.

En relación con el segundo supuesto, es decir, los comúnmente denominados hechos de tránsito, el Manual de Investigaciones de Fiscales, Policías y Peritos, refiere que aplicando la metodología de investigación operativa ante un hecho de tránsito, una de las medidas aplicables es el secuestro de los vehículos que debe hacerse mediante el acta correspondiente.

Respecto al secuestro llevado adelante por la autoridad fiscal, el artículo 167 del Código Nacional de Tránsito, dispone que el embargo y secuestro de vehículos, repuestos o accesorios, es potestad de las autoridades llamadas por ley, en ese sentido el artículo 186 del Código de Procedimiento Penal, otorga la potestad facultativa para que los agentes del Ministerio Público lleven adelante el secuestro de vehículos, puesto que refiere que una vez que los objetos sean secuestrados serán inventariados y puestos bajo segura custodia en los depósitos de la Fiscalía o en los lugares especialmente destinados para estos efectos, bajo responsabilidad y a disposición del fiscal.

Existe una regulación especial cuando se trata del secuestro de vehículos en investigaciones relacionadas con la comisión de delitos de sustancias controladas, en ese sentido la ley prevé que pasarán a ser confiscados en favor del Estado, aquellos automóviles que se mantengan en calidad de secuestrados por más de seis (6) meses del inicio de investigación y que no hayan sido objeto de reclamo o no adquieran la calidad de incautados.