LA DOBLE IDENTIDAD DE LA VÍCTIMA Y AGRESORA ADOLESCENTE EN LOS DELITOS DE PROXENETISMO Y TRATA DE PERSONAS CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL

Resaltando las acciones de las instituciones que intervienen en la protección de este sector vulnerable como la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, a través de su equipo multidisciplinario y centro terapéutico municipal, así como el refugio  Sartasim Kullakita, que alberga a víctimas de los delitos mencionados logrando en muchos casos la rehabilitación psicológica y social de las víctimas.

Sin embargo en otros casos cuando las víctimas se convierten en agresoras,  esta transición puede ocurrir voluntariamente, recordando que las causas que indujeron a las mismas a ser víctimas, pueden ser desde factores económicos, violencia familiar, abandono de hogar, dependencia de alguna sustancia,  problemas de conducta, falta de atención y  afecto en sus hogares, etc., elementos que serán aprovechados por los tratantes y proxenetas para mantener a las víctimas bajo su control y ampliar sus redes;  toda vez que también existen algunas víctimas que acceden no solamente  por cubrir sus necesidades básicas,  sino  principalmente por el interés  de cubrir sus intereses de consumo de productos o servicios fatuos, sin ser conscientes de las graves consecuencias de su conducta.

Debiendo aplicarse en esos casos, el capítulo tercero de la ley 548, el sistema penal para adolescentes entre catorce a diecisiete años,  a fin de establecer su responsabilidad por conductas punibles en las que incurra, así como la ejecución y control de las medidas socio educativas correspondientes, que en caso de establecerse la culpabilidad de conformidad a lo establecido en el Art. 268 deL Código Niño, niña y adolescente se aplicará una responsabilidad atenuada en las cuatro quintas partes respecto a la sanción del máximo legal correspondiente al delito establecido en la normativa penal.

Esto significa que si se establece por ejemplo la culpabilidad de una adolescente por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual comercial,  el máximo de pena dispuesta por ese delito cuando la víctima es menor de edad, según el Art. 281 Bis del Código Penal es de veinte  años , motivo por el cual debe reducirse las cuatro quintas partes que equivalen a dieciséis  años, es así que la pena a la que podrá ser sentenciada la adolescente que cometa este ilícito por ejemplo,  será de cuatro años de aplicación de medidas socio educativas,  que por la gravedad del delito podrán ser las privativas de libertad que según el Art. 331 del Código niño, niña y adolescente corresponde a un régimen de internamiento en el tiempo en el que debiera durar la sanción y se cumplirá en régimen cerrado en un centro especializado, asimismo, según el Art. 347 de la ley 548, si el caso es considerado de gravedad, como lo es el delito de trata de personas, la adolescente podrá solicitar la suspensión o sustitución de la medida,  cuando haya transcurrido por lo menos la mitad del tiempo del régimen impuesto, es decir que en dos años ya podría solicitar la modificación de la medida socio educativa privativa de libertad por otra más benigna como detención domiciliaria por ejemplo. Lo que significa que si continúa con la misma actitud, una vez cumpla la medida socio educativa e incluso alcance la mayoría de edad, existe la posibilidad que reincida y continúe siendo parte de la red de trata de personas o proxenetismo.

Con relación a los centros especializados donde las adolescentes en conflicto con la ley penal deban cumplir la medida socio educativa privativa de libertad en la ciudad de La Paz, se cuenta con el Centro de Reintegración Social para Mujeres,  donde las adolescentes se encuentran relacionadas unas con otras, existiendo una posibilidad que las que están  por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual comercial y otros delitos conexos,  puedan corromper a las adolescentes que se encuentran por otro tipo de delitos debido a la convivencia que existe entre ellas y de esta manera generarse nuevas víctimas.

 Si  bien existe una amplia legislación internacional y nacional relativa a la protección de los niños niñas y adolescentes,  a fin de que los mismos no sean víctimas de explotación sexual comercial, los resultados esperados se contrastan con la realidad de las adolescentes víctimas  que realizaron la transición y se transformaron en agresoras, toda vez que en varios casos no se logra su rehabilitación ni sanción de sus agresores y  se les debe aplicar la ley 548 relativa al sistema penal para adolescentes que cometen delitos que en caso de que se establezca su responsabilidad esta será atenuada en las cuatro quintas partes, debiendo cumplir su sanción en muchos casos por la gravedad del delito en un centro especializado, lugar donde pueden contaminar a sus pares y después de cumplir su sanción,  posiblemente reincidir en su actividad y continuar siendo miembro de la red de trata o proxenetismo.

Sin embargo, pese a las dificultades, instituciones como la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, el refugio Sartasim Kullakita y otras instituciones, realizan una labor incansable por rehabilitar a las adolescentes víctimas, velando por su interés superior, a fin de que se pueda restituir los derechos de las mismas y puedan completar su desarrollo de una manera óptima, logrando resultados notables en muchos casos.

Por lo anterior la educación sexual dirigida a las y los adolescentes, padres y madres, educadoras y educadores es de primordial importancia con la finalidad de lograr una vida sexual saludable para las y los adolescentes, y también resulta relevante el control de las autoridades llamadas por ley para detectar oportunamente casos de violencia sexual comercial, trata de personas con fines de explotación sexual o proxenetismo cuyas víctimas sean niños, niñas o adolescentes, así como  fortalecer las medidas de prevención a fin de evitar la generación de nuevas víctimas y actuar oportunamente respecto a las condiciones sociales e ideológicas que generan situación de vulnerabilidad en las y los adolescentes.