El Enriquecimiento Ilícito en Bolivia
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El Enriquecimiento Ilícito en Bolivia

Autor: Rigoberto Paredes Ayllón

El enriquecimiento ilícito es un problema grave en Bolivia y en muchos otros países, ya que implica que los funcionarios públicos utilizan su posición para obtener beneficios económicos indebidos. La ley 004 del Estado Plurinacional de Bolivia establece medidas para combatir este tipo de conducta. Así pues, el artículo 34 de esta ley anticorrupción, establece sanciones severas para aquellos funcionarios que se enriquezcan de manera desproporcionada en relación a sus ingresos legítimos.
En concreto, el artículo 34 establece que aquellos funcionarios que no puedan justificar un incremento desproporcionado de su patrimonio, serán sancionados con privación de libertad de cinco a diez años, inhabilitación para el ejercicio de la función pública y/o cargos electos, y multa de doscientos hasta quinientos días y el decomiso de los bienes obtenidos ilegalmente.
Enriquecimiento ilícito en Bolivia.
Un caso de enriquecimiento ilícito en Bolivia podría ser un funcionario público que, durante su mandato, adquiere propiedades y bienes costosos que no puede justificar con sus ingresos legítimos. Por ejemplo, si un funcionario tiene un salario de Bs. 5,000 al mes y adquiere una propiedad valorada en 500,000 Dólares Americanos, sería difícil justificar cómo pudo haber obtenido el dinero para comprarla. Otro ejemplo, que sucede constantemente, podría ser el caso del funcionario público que utiliza su posición para obtener contratos y negocios desleales sin dejar otro rastro de su ilegalidad, más que el incremento desproporcionado de su patrimonio. 

Nótese que en ambos ejemplos, está presente la cualidad de funcionario público, esto es, en razón a la categoría de la naturaleza de este tipo penal, conocido en la doctrina como Delito Propio, vale decir que el accionar o verbo rector de la conducta descrita solo puede ser cometido por personas que reúnen ciertas condiciones relacionadas con el cargo, oficio o profesión. En el caso de enriquecimiento ilícito, solo puede ser cometido por un servidor o funcionario público. 

Ahora bien, en ese orden de ideas, el sujeto activo del enriquecimiento ilícito, es el funcionario público que incrementa desproporcionadamente su patrimonio en relación con sus ingresos legítimos. El sujeto pasivo es el Estado y la sociedad en general, ya que este tipo de conducta afecta a la honestidad y transparencia en el ejercicio de la función pública. El verbo rector del tipo penal de enriquecimiento ilícito es “incrementar desproporcionadamente”, que se refiere al aumento en el patrimonio del funcionario que no puede ser justificado con sus ingresos legítimos. El elemento subjetivo es el dolo, es decir, la intención de obtener beneficios económicos indebidos mediante el ejercicio de la función pública, y por último el elemento objetivo es el incremento desproporcionado del patrimonio, que debe ser comprobado mediante la comparación entre los ingresos legítimos del funcionario y el valor de los bienes adquiridos. 

En cuanto a las sanciones de privación de libertad, inhabilitación para ejercer la función pública y cargos electos, multas y decomiso de bienes obtenidos ilegalmente, debemos puntualizar, que las mismas son claramente severas y buscan disuadir a los funcionarios de cometer este tipo de conducta. Sin embargo, el éxito de esta ley en la prevención del enriquecimiento ilícito dependerá de su implementación efectiva y de la capacidad de las autoridades para investigar y sancionar a los funcionarios implicados. Además, es importante que se promuevan mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para garantizar que los funcionarios públicos sean responsables de sus acciones y que se garantice que los recursos del Estado se utilicen de manera eficiente y justa.

En resumen, el artículo 34 de la ley 004 de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas Marcelo Quiroga Santa Cruz, del Estado Plurinacional de Bolivia, establece medidas severas para combatir el enriquecimiento ilícito y busca garantizar que los funcionarios públicos sean responsables de sus acciones. Sin embargo, para garantizar su éxito, es necesario una implementación efectiva y mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

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