El precio de las tierras en el mercado, así como la necesidad de elaborar cultivos en gran escala, se han vuelto las principales causales, para que el delito de tráfico de tierras se vaya intensificando. Día a día es más común escuchar que tierras individuales, colectivas, públicas o privadas son objeto de tráfico ilícito, por ejemplo, en el caso en el que Julio, quien se encuentra en posesión temporal de los predios de su tío Pablo en la localidad de Ravelo del departamento de Potosí, mediante un contrato del alquiler, sin consentimiento alguno de su tío arrienda, a don Ciro 50 hectáreas para que este pueda hacer el sembrado de hortalizas, pasado un tiempo al regresar Julio se percata de la situación, por tanto, evidencia que ha sido víctima del delito de tráfico de tierras.
¿Qué es el tráfico de tierras?
Shanee (2016) señalan que el tráfico de tierras es “la usurpación, apropiación ilegal y/o el comercio de tierras”. En palabras simples, el tráfico es la realización de diversas acciones ilícitas que dan lugar a la lesión del patrimonio público o privado.
Respecto al tráfico de tierras, Pimentel (2020), refiere que para su consumación se hace la utilización de diversos mecanismos, desde el uso de herramientas legales e ilegales. Los sujetos que practican el tráfico de tierras recurren a diferentes mecanismos de negociación, así como al uso de la violencia.
¿Qué tipos de tierras pueden ser objeto de comercialización, según la ley?
La Ley N.º 1715, que tiene por finalidad reglamentar el régimen de distribución de tierras y garantizar el derecho propietario, mediante el art. 41, ha establecido la clasificación y los lineamientos de extensión de la propiedad agraria, en ese sentido alude a 6 tipos de propiedad, cada una de estas con particularidades propias. De la clasificación establecida en la norma, los tipos de propiedad que pueden ser sujetos a transferencia mediante compraventa o cualquier negocio jurídico propio de la vía civil, son la mediana propiedad y la empresa agropecuaria. En el mismo sentido, la legislación es clara cuando prohíbe la comercialización de tierras en propiedades como el solar campesino, la pequeña propiedad, las propiedades comunitarias y las tierras comunitarias de origen, por lo que llevar adelante actos de disposición jurídica como donaciones, compra y venta o permuta de tierras, en las propiedades referidas, pueden dar lugar al delito de tráfico de tierras, según el caso.
¿Cuánto es la superficie máxima de tierra que puede tener una persona individual o jurídica en el Estado boliviano?
El establecimiento de límites del derecho propietario sobre las tierras, se ha determinado a partir del artículo 398 de la Constitución Política del Estado, en ese sentido se prevé de manera expresa que el límite del derecho de propiedad sobre las tierras, tanto para personas naturales o jurídicas dentro del territorio boliviano, no debe sobrepasar las 5000 hectáreas, esta medida es implementada para prevenir la expansión del latifundio, evitar la acumulación del derecho propietario y la comercialización ilegal de tierras.
El tráfico de tierras en el Código Penal
La Ley N.º 477, integra al catálogo de delitos del Código Penal, el tráfico de tierras, mediante el art. 337 bis, en ese sentido la redacción del cuerpo normativo establece que “será sancionado con privación de libertad de tres (3) a ocho (8) años, el que por sí o por terceros arriende, negocie o realice donaciones, compra-venta o permuta de tierras individuales o colectivas que no son de su propiedad, bienes de dominio público, bienes de patrimonio del Estado o de las entidades públicas o tierras fiscales de manera ilegal”.
Dentro del tráfico de tierras como conducta delictiva se desprenden diferentes acciones que dan lugar a la comisión del delito, desde un panorama más explícito se puede inferir que dentro de estas acciones están:
- El arrendamiento, entendido como la cesión del uso temporal de una determinada porción de terreno.
- La permuta, interpretada como el intercambio de tierras por algún otro objeto que se encuentre dentro de la esfera de comercialización.
- La compraventa, es decir, la trasmisión de la propiedad de un terreno por una suma de dinero.
- Las donaciones, acto jurídico que da lugar a la transmisión gratuita del derecho propietario.
Para su configuración como delito, estas acciones deben haber sido realizadas al margen de la legalidad, por lo que concurre una afectación directa al patrimonio público o privado.
Por otra parte, dentro de la configuración del delito de tráfico de tierras, se establece un régimen de agravantes que se dan cuando el que realiza la acción es un servidor público, especialmente aquellos que trabajan en instituciones encargadas del repartimiento de tierras, así mismo la pena se agrava cuando se afecte áreas productivas, zonas de recarga hídrica entre otras.
Para ejemplificar un caso de tráfico de tierras, referiremos lo siguiente:
- En un caso donde el tata Juan, representante del Ayllu Kila Kila, en el departamento de Chuquisaca, aprovechando de su situación jerárquica, ofrece en calidad de venta a la empresa “MIA” una porción de 3000 hectáreas para que se puedan llevar adelante el cultivo de maíz en gran escala, la porción sujeta a comercialización ha sido reconocida legalmente como una propiedad colectiva, por lo que la ley prevé que no puede ser objeto de enajenación.
Procedimiento en el delito de tráfico de tierras
El procedimiento ante la comisión del delito de tráfico de tierras se tramita como un delito flagrante, es decir, que el autor o los autores deben ser acusados sin mayor trámite cuando son sorprendidos traficando tierras (Fundación Tierra,2021). La ley prevé que por la magnitud del delito no se debe dar lugar a la conciliación.
Si después de leer la información anterior consideras que has sido víctima del delito de tráfico de tierras, comunícate con alguno de nuestros abogados especialistas. ¡Estamos a tu servicio!
